Rumbo a una Secretaría de Cultura II

3

No es una reforma cultural en el sentido amplio del tema, sino una reforma jurídico-administrativa de las funciones del CONACULTA. Sin embargo, el debate se ha centrado en torno a la definición antropológica de cultura, la separación educación-cultura y una supuesta “privatización” del sector cultural. Muchos intelectuales que apelan al “interés nacional”, nostálgicos del nacionalismo, demandan paradójicamente que el Estado imponga la rectoría de una cultura nacional, como en tiempos de Vasconcelos, a través de una Ley General de Cultura que centralice todo, olvidándose de la periferia. Imponer una visión de qué es cultura sin debate previo o incluso con un amplio debate puede ser pernicioso, pues uniforma la pluralidad.  La única función del Estado en materia de cultura debiera ser diseñar el andamiaje institucional adecuado para  favorecer la cultura y la creación, no para obstaculizar su desarrollo desde el  centro.

4

Coincido con Carlos Lara (integrante del GRECU) cuando afirma que lo que debe definirse en la legislación venidera es qué corresponde a los municipios, qué corresponde a las entidades federativas y qué corresponde a la federación. La cultura no sólo es competencia federal sino también local; es decir, las actividades culturales también se desarrollan en otros órdenes de gobierno, como los gobiernos estatales y municipales, y eso está establecido desde la Constitución del 17. Por tal motivo, es indispensable generar un marco jurídico adecuado a partir de las leyes secundarias que se tendrán que discutir en el Congreso y es ahí donde el debate público debe influir con sus reflexiones.

5

En la reforma a la Ley Orgánica que dará pie a la nueva Secretaría de Cultura no se lee ninguna intención de privatizar la cultura. Es muy probable que esta supuesta “concesión del patrimonio cultural” sea un bulo, pues existe el legítimo temor de ciertos sindicalizados de que no se les respeten sus derechos laborales. Sin embargo, en el Decreto se estipula que los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en la Secretaría de Educación Pública, en los órganos administrativos desconcentrados y en las entidades paraestatales, se respetarán.

Quino

6

En cuanto a la duplicidad de funciones que señalan sus críticos puede ocurrir con esta reforma, no es algo nuevo. Desde hace mucho tiempo la duplicidad de funciones existe dentro de las instituciones culturales, con Decreto o sin él.  El trabajador sindicalizado muchas veces no realiza las funciones que debe de realizar según sus atribuciones y como solo puede ser removido y nunca despedido, el director de área contrata personal de honorarios temporal para no tener problemas con el sindicato, con el que finalmente tiene que conciliar para evitar broncas sindicales.

En lo particular considero, como Gabriel Zaid, que el contacto ideal entre la burocracia y la cultura es el contacto cero, pues la burocracia cultural prefiere el reconocimiento y el ingreso fijo de un puesto, por encima de la producción cultural.

7

Por último, según un estudio de Eduardo Cruz Vázquez el CONACULTA ejerce más gasto que secretarías como la de Turismo o de Relaciones Exteriores. Debido a lo anterior, resulta poco creíble que no se necesitarán más recursos para operar la nueva Secretaría de Cultura. Simplemente la propuesta de recursos financieros del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, para el ejercicio fiscal 2016, es de 5 mil 343.612 millones de pesos (con todo y recorte presupuestario, pues el presupuesto fiscal anterior fue mayor que el de Turismo), muy cercano a la de una Secretaría de Turismo, que ronda los 5 mil 911.44 millones de pesos, y mucho menor a la Secretaría del Trabajo, con 4 mil 674 882 mil 581 pesos. Es decir, CONACULTA tiene mayor gasto operativo sin tener rango de secretaría. Desde luego, suprimir el gasto asignado sería muy lamentable para la burocracia cultural, más que para la cultura en sí. Lo que es indispensable es que el presupuesto asignado a cultura se ejerza con eficacia, transparencia, excelente focalización y siempre bajo el escrutinio público.