Rumbo a una Secretaría de Cultura I

El Presidente Carlos Salinas de Gortari "instala" el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

Diciembre 7 de 1988. Hermanos Mayo

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El 17 de diciembre del 2015, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto presidencial que pone en marcha a la Secretaría de Cultura. El nuevo organismo sustituirá al Consejo Nacional de Cultura y las Artes (CONACULTA), nacido el 7 de diciembre de 1988, por decreto del presidente Carlos Salinas de Gortari. Recordemos que esta institución se constituyó como un órgano desconcentrado dentro de la Secretaría de Educación Pública; ese es su problema de origen ya que coordina como desconcentrado a descentralizados (INBA, INAH). Ese vicio impide la coordinación sectorial adecuada, pues mientras el CONACULTA, entidad subordinada a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y con autonomía administrativa, no tiene responsabilidad jurídica ni patrimonio propio, los órganos descentralizados que coordina sí tienen personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía en sus decisiones. Por tal motivo, esta reforma planteada es de tipo jurídico-administrativa y lo único que pretende es reorganizar el sector cultural. Que lo haga bien o mal dependerá, en gran medida, de las leyes secundarias.

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Esta reforma a la Ley Orgánica, que dará origen a la Secretaría de Cultura, plantea una separación administrativa entre la educación y la cultura. Se dice que es el desmantelamiento de la Secretaría de Educación Pública en materia cultural y la claudicación de la esencia vasconcelista. No lo es, pues en la reforma se plantea que ambas instituciones deberán de trabajar de manera coordinada. Además lo que hizo Vasconcelos fue sentar las bases de una política educativa funcional en los años veinte, pero no necesariamente es lo que se debe hacer en la actualidad. Además es falso que dicha separación exista porque sería inconstitucional, ya que las reformas de junio de 2012 introducen el principio de indivisibilidad: todos los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza. Y por si esto no fuera suficiente el artículo tercero constitucional también lo plantea. Además el Estado tiene una obligación educativa y cultural y ambas son consustanciales e interdependientes.