Los porros del PRI en la Alameda
La toma de posesión del
presidente electo Enrique Peña Nieto estuvo ensombrecida por los hechos violentos
ocurridos en San Lázaro y en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La izquierda,
algunos y periodistas y analistas políticos han insistido en que dichos sucesos
se debieron a la infiltración de grupos de choque, pagados posiblemente por el
PRI para deslegitimar las manifestaciones de los movimientos sociales opuestos
a su retorno al poder. Sin embargo, considero que dichas posturas no sostienen
ni aportan evidencia clara de que los grupos de infiltrados provengan de las
filas del Revolucionario Institucional o estén vinculados a ellos ni que haya sido
una decisión directa del presidente electo, por diversos motivos:
1. La
decisión del cerco en San Lázaro le correspondía directamente al gabinete de
Seguridad Pública en funciones, con el aval del ejecutivo, el ahora expresidente
Calderón.
2. Un
día antes, 30 de noviembre, el Presidente Constitucional Felipe Calderón le entregó
insignia y bandera al Presidente electo, Peña Nieto, quien a su vez le tomó
protesta a su gabinete de Seguridad. El acto protocolario se estableció con el
propósito de darle institucionalidad, certidumbre y legalidad a la transmisión
de poderes, en dado caso de que no se pudiera rendir protesta en San Lázaro, y
como un mensaje a la población. Sin embargo, la responsabilidad jurídica seguía
siendo del presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe
Calderón, pues el Presidente electo aún no rendía la protesta constitucional
correspondiente.
3. La
izquierda ha señalado, en reiteradas ocasiones, que los disturbios ocurridos en
San Lázaro y el Centro Histórico fueron orquestados por grupos de choque
pagados por el PRI, en contubernio o con la permisividad de la Policía Federal.
En la lógica de una elección presidencial, impregnada por el discurso de la “imposición”,
la “compra de votos”, la “triangulación financiera” -reproducida por ciertos
sectores de la prensa, los partidos de oposición y parte considerable de la
sociedad civil-, sería absurdo para el PRI y el Presidente Enrique Peña Nieto,
evocar al fantasma del 68 y el Halconazo del 71, infiltrando grupos de choque,
que tan sólo generarían una ola de violencia peor frente a los ojos de la
prensa internacional, con el propósito exclusivo de reventar un movimiento social,
minando en ello su credibilidad como partido en el poder, y parte de la confianza
social depositada, justo en el arranque de gobierno. Es tanto como darse un
tiro en el pie. El costo político de opacar las voces disidentes, que a todas
luces ni se opacarán, versus el beneficio real, es mínimo.
4. Los
disturbios ocurridos en el Centro Histórico, siguiendo la lógica de los grupos
de choque, tienen dos destinatarios: Marcelo Ebrard, quien ha anunciado su
interés para la presidencia de la República, en 2018; y Miguel Ángel Mancera,
quien en breve rendirá protesta como Jefe de Gobierno, y no tiene todo el apoyo
de los grupos radicales de la izquierda.
En
el primer caso, Ebrard contaba con altos índices de aprobación, una presencia
mediática intensa, un capital político aceptable, entre otras cosas, por su inversión
en obra pública, su liderazgo nato y su capacidad de negociación con la
oposición, características positivas para cerrar de manera satisfactoria su
administración. Sin embargo, los disturbios del 1 de diciembre, lo afectan
políticamente. Primero porque es jefe de gobierno, y avala el comportamiento de
la Secretaria de Seguridad Pública del DF ante la aprehensión de los
manifestantes. Y segundo, porque los actos vandálicos afectan uno de los
proyectos más ambiciosos de su administración: la recuperación de la Alameda.
El símbolo de la ciudad de vanguardia, con el que prácticamente cerraba su
administración.
Las
detenciones de manifestantes ocurridas en el Centro Histórica tendrán que
resolverse en la administración siguiente. Marcelo Ebrard le deja una papa
caliente al gobierno de Mancera, quien deberá de pronunciarse al respecto en
torno a un tema que tendrá una resolución política más que jurídica.
Manchado
Ebrard en su imagen pública y colocando a Mancera en un predicamento, AMLO
anuncia nuevamente su gira por todo el país, dando inicio simbólico a lo que
será su tercera campaña para preservar su proyecto político, con miras a la
elección de 2015. Si realmente
existieron los grupos de choque priistas, el cálculo del Revolucionario Institucional
fue erróneo, pobre, y visiblemente absurdo, pues el único beneficiado es AMLO y su izquierda,
quienes tendrán combustible de sobra para preservar el discurso de la
imposición, la ilegitimidad y ahora el de la represión.
5. Criminalizar
la disidencia es igual de peligroso que vandalizar la protesta. Cortar la
endeble línea es peligroso tanto para el Estado como para la sociedad civil. Es
una apuesta en la que todos pierden y nadie gana.
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